Varias entidades y colectivos hemos presentado hoy una instancia al Departamento de Justicia catalán en la cual reclamamos que la adopción de medidas con carácter urgente para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad durante la segunda ola de la pandemia. Más concretamente, para que se vele por sus derechos en la aplicación de las nuevas medidas restrictivas durante la declaración del estado de alarma el 25 de octubre de 2020.

Las peticiones van en la línea de garantizar la comunicación con el exterior de las personas privadas de libertad, asegurando que se pueden hacer comunicaciones a través de locutorio o bien a través de llamadas y videollamadas. Asimismo, también se solicitan medidas tendentes a que las personas presas confinadas se encuentren en condiciones dignas y que las restricciones que se les aplican en ningún caso deriven en condiciones materiales de vida de aislamiento.

Por otro lado, se pide que desde el Departamento de Justicia se establezca un canal de comunicación permanente sobre la situación en las prisiones derivada de la emergencia Covid-19, con el objetivo que las familias y personas próximas estén muy informadas.

Por último, pedimos la adopción de medidas que permitan una reducción de la población reclusa, como lo son el otorgamiento de terceros grados, adopción de mecanismos para el cumplimiento de la condena en libertad o semilibertad, etc.