Este informe expone las conclusiones de más de seis años de trabajo y elabora propuestas concretas para emprender cambios estructurales en los mecanismos internos de investigación y control, de acuerdo con los más altos estándares internacionales en la materia. También pide la creación de un mecanismo independiente.

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El informe quiere ser una herramienta que contribuya a afrontar el debate exitente. Ha sido elaborado a partir del análisis de casos atendidos por el Servicio de Atención y Denuncia ante casos de Violencia Insititucional (SAIDAVI) de la entidad. Durante sus seis años de existencia, se han atendido más de 650 casos.

A lo largo de 4 capítulos y 14 recomendaciones, aborda las principales deficiencias identificadas en la regulación normativa del uso de la fuerza y de las armas de uso policial, en las medidas de control durante y después de un operativo policial, así como en los mecanismos de investigación internos. Por último, también analiza el actual rol del Ministerio Fiscal y del poder judicial.

En relación a la regulación del uso de la fuerza y de las armas de uso policial, Irídia advierte de la falta de transparencia y debate público a la hora de adoptar cualquier armamento, así como en la publicación de los protocolos de actuación correspondientes. En diversos casos, estos protocolos se han publicado por petición de medios de comunicación y como consecuencia de resoluciones de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, después de reiteradas negativas del Departamento de Interior.

En este sentido, la entidad recomienda que los procesos de incorporación de las armas se lleven a cabo de forma transparente y teniendo en cuenta los posibles impactos sobre la integridad de las personas y el ejercicio de derechos fundamentales. Así mismo, que se garantice la publicación de los protocolos existentes, en la extensión necesaria para permitir una fiscalización pública.

Otro punto fundamental que señala Irídia es la falta de rendición de cuentas de los superiores jerárquicos durante una actuación policial antirreglamentaria o con posterioridad a la misma, cuando se trata de identificar al agente o agentes implicados en los hechos de nunciados. Entre las actuaciones antirreglamentarias documentadas se encuentran i) golpes de bastón policial en la cabeza; ii) uso de la fuerza contra periodistas que están realizando su tarea profesional; iii) uso de los proyectiles de foam de manera peligrosa y con resultado grave de lesiones; y iv) situaciones de especial vejación o humillación. A estas actuaciones, se suma la incorrecta identificación de algunos agentes, que en ocasiones ocultan su Número de Operativo Policial (NOP), o el racismo que define y motiva algunas de las actuaciones policiales.

En relación a las lanzadoras de foam se destaca su falta de trazabilidad a la hora de saber quien y bajo que circumstancias la ha usado, al mismo tiempo que se advierte que su protocolo de uso es contrario a la normativa internacional y a las recomendaciones del fabricante. A nivel de trazabilidad, también se destaca la imprecisión del rango de localización GPS de las furgonetas policiales, que Mossos d’Esquadra determina en 200 metros; o el tiempo de custodia de las imágenes registradas por cámaras en comisarías, que actualmente se conoce que es de unos 20 días, recomendando su conservación automática durante un mínimo de 6 meses.

Ante este contexto, entre otras medidas, Irídia recomienda la realización de una auditoría externa sobre el papel de los superiores jerárquicos en el control y posterior denuncia de situaciones irregulares o con indicions de delito; pide la prohibición expresa del uso de lanzadoras de foam; la adopción immediata del nuevo sistema NOP por parte de la ARRO y la sanción de los agentes que no lo lleven visible; la adopción de un protocolo de actuación ante la presencia de periodistas en protestas o actuaciones de orden público; y la realización de una auditoría externa, con la participación de organizaciones especializadas, relativa a los mecanismos de selectividad policial y discriminación por perfil étnico-racial.

En relación a los mecanismos de investigación y sanción, destacan deficiencias como la falta de un canal de denuncia específico, obligando a la ciudadanía a interponer la denuncia ante el mismo cuerpo que ha perpetrado los hechos denunciados. Tampoco se conoce un mecanismo que permita a la División de Asuntos Internos (DAI) centralizar las denuncias con tal de ofrecer una respuesta unificada ante cuanlquier requerimiento judicial. Hasta ahora, en muchos casos, es la misma unidad a la que está adscrita el agente investigado la que se encarga de informar sobre actuaciones policiales bajo investigación.

Además, no existen canales directos entre las organizaciones de derechos humanos y la DAI con tal de hacerle llegar denuncias presentades contra el cuerpo policial. Asimismo, hay una falta de transparencia en los datos relativos a los casos en que el cuerpo adopta medidas cautelares y su tipología, o las sanciones disciplinarias impuestas, tanto en el marco de procedimientos internos como de investigaciones judiciales.

Por todo esto, se recomienda una profunda reforma de los mecanismos internos de investigación y sanción, en concreto, dotar a la DAI de una estructura con autonomía orgánica y operativa, con suficientes recursos humanos y tecnológicos, la generación de canales adecuados para la recepción de denuncias y atención especializada a las víctimas, la creación de oficinas provinciales y el establecimiento de una metodología de trabajo más transparente ante la ciudadanía.

Por último, Irídia insiste en la necesidad de que el Parlament de Catalunya acuerte mediante una ley la creación de un mecanismo independiente de control de la policía. Este organismo tendría que tener competencias para evaluar la necesidad y la idoneidad de incorporar armas y herramientas de uso policial, para supervisar la elaboración de los protocolos de uso de la fuerza y evaluar los operativos policiales y las medidas adoptadas para evitar el uso de la fuerza. También para investigar situaciones irregulares o con indicions de delito, con capacidad para actuar de oficio y para acceder a la información necesaria para que su trabajo sea independiente y exhaustivo.