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Entre 2016 y 2022 hemos interpuesto múltiples quejas a los Juzgados de Control del CIE de Barcelona, así como diversas denuncias por casos de malos tratos, que han derivado en un total de 13 procedimientos penales. Ahora denunciamos que se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas internas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona porque existen muchos obstáculos en los Juzgados para que estas denuncias prosperen.

En el dosier señalamos que en un primer momento las principales disfunciones tienen que ver con los procedimientos establecidos y los mecanismos previstos en la actualidad para cursar este tipo de denuncias y llevar a cabo las investigaciones penales correspondientes. El sistema previsto está generando afectaciones hasta el punto de llegar a impedir u obstaculizar la pronta investigación de los hechos, comprometiendo la viabilidad jurídica de las denuncias y comportando la consecuente impunidad de los delitos denunciados. De la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva se deriva por tanto la vulneración del derecho a la integridad física y a la prohibición de la tortura de las personas privadas de libertad en el CIE.

Por otro lado, nuestro servicio de atención psicosocial ha constadado a lo largo de los años que varias de las personas representadas han desarrollado transtornos de salud mental de tipo ansioso-depresivo con especial manifestación de conductas autolíticas, además de las lesiones físicas que denunciavan, a partir de los hechos denunciados.

Una vez interpuestas las denuncias, hemos identificado obstáculos en los Juzgados que resultan determinantes para que las investigaciones judiciales no sean efectivas: principalmente conservar y custodiar las pruebas esenciales del delito. Cuando las personas que quieren denunciar una situación de malos tratos se encuentran en un centro de privación de libertad y a la espera de una eventual deportación se ha de actuar rápido para conservar las pruebas esenciales del mismo: la declaración de la víctima y los testigos, las lesiones físicas y psicológicas y las cámaras de videovigilancia. Sin estas pruebas las denuncias y las investigaciones penales muy difícilmente podrán prosperar.

No obstabte, la realidad en los Juzgados de Barcelona es que las denuncias no prosperan. En la gran mayoría de los casos ni los Juzgados de Guardia, ni los Juzgados de Control del CIE, ni los Juzgados de Instrucción competentes garantizan la custodia de estas pruebas pese a que, en todos los casos conocidos por Irídia, ya en la denuncia inicial se había solicitado de manera expresa y explícita. En 11 de las 13 denuncias que hemos presentado las personas víctimas y testigos han sido deportadas días después de denunciar sin tomárseles declaración, como pedíamos, ni ser visitadas por un médico forense. Y en 7 casos una vez las personas víctimas y testigos de estos hechos han sido deportadas, los Juzgados de Instrucción han archivado las denuncias alegando justamente su deportación.

Esta práctica continúa sucediendo a lo largo de los años, pese a que la Audiencia de Barcelona ha rebocado estas decisiones en múltiples ocasiones, obligando a los tribunales instructores a localizar a los perjudicados y tomarles declaración acudiendo incluso a la cooperación judicial internacional. De hecho, todos los procedimienots judiciales que siguen abiertos por denuncias de malos tratos en el CIE de Barcelona en que Irídia representa a las personas denunciantes, habían sido archivadas por los Juzgados de Instrucción y la Audiencia de Barcelona ha ordenado su reapertura.

Una vez se reabren las investigaciones por parte de la Audiencia pueden haber transcurrido meses o incluso años desde que se sucedieeron los hechos y con frecuencia es demasiado tarde para sacar adelante la investigación, condenando estos procedimientos a la impunidad.

Con el estudio realizado constatamos que el problema no es ni puntual ni fortuito, sinó estructural. Por eso, pedimos al Ministerio de Interior, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía y al Deganato de los Juzgados de Barcelona y, directamente, al Juzgado de Instrucción 30 encargado del Control del CIE de Barcelona y a la Fiscalía de Extranjería que tomen las medidas oportunas para revertir esta situación tal y como se ha hecho en Madrid, donde desde julio hay un acuerdo de los Juzgados por tal de garantizar las pruebas del delito y el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas privadas de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros.