En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un grupo de entidades de la sociedad civil presentan al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas un informe que recopila varias vulneraciones cometidas por el Estado como firmante de la Convención.

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El próximo 20 y 21 de julio, en la sede de la ONU, en Ginebra, España presentará ante el Comité contra la Tortura su séptimo informe periódico sobre la implementación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país. Es por eso que una red de entidades de la sociedad civil han remitido al Comité un documento, conocido como “Informe Sombra”, que recoge las principales vulneraciones que ha cometido el Estado, en relación a la no-aplicación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones esperan que el organismo tenga en cuenta las recomendaciones y preocupaciones que recopila este informe a la hora de someter a examen el país.

Entre sus observaciones, en cuanto a las actuaciones policiales, las entidades denuncian el uso de material antidisturbios altamente lesivo y potencialmente letal, como las balas de goma, en manifestaciones y en frontera; las deficiencias en la identificación policial durante sus actuaciones en el espacio público; la carencia de transparencia respecto a los protocolos de actuación de cada cuerpo; o la carencia de un mecanismo de control independiente que investigue y fiscalice correctamente las denuncias de abuso, incluidas las relativas al racismo policial. En este sentido, en innumerables ocasiones, organismos internacionales y entidades sociales han denunciado la práctica de las paradas por perfil étnico-racial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cosa que el Estado español ha ignorado. Las organizaciones piden, tal como han recomendado también varios organismos internacionales, las organizaciones reclaman la implementación de este mecanismo, para garantizar que se aseguren investigaciones independientes, rápidas y eficientes de malas praxis o incluido de delitos.

Asimismo, las organizaciones exponen que España incumple los principios de la Convención al permitir las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, alegando que el Derecho Internacional no solo prohíbe las expulsiones colectivas y sumarias, sino también el traslado de una persona a una jurisdicción donde pueda correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. En este sentido, las entidades denuncian varios casos de maltratos y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades fronterizas, destacando los hechos ocurridos el pasado 24 de junio de 2022, cuando después de la actuación por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, se devolvieron de manera sumaria al menos 470 personas. Un año más tarde, se han documentado 77 desapariciones, 37 muertos e innumerables personas heridas después del suceso.

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El informe expone también que los juzgados de vigilancia, de instrucción y de inspección penitenciaria no están sirviendo para investigar y paralizar los casos de maltratos que tienen lugar dentro de los centros penitenciarios. Entre otras muchas medidas, reclaman garantías para que la persona denunciando pueda acceder a asistencia letrada desde el primer momento; el acceso a la grabación de las cámaras de video, al material de las cuales es muy difícil acceder, y que además se borra protocolariamente cada 30 días. Además, para garantizar un proceso justo, las entidades exigen que las personas privadas de libertad puedan contar con un informe médico realizado por un profesional independiente, y no por parte del propio servicio médico del centro. En la actualidad, cuando una persona solicita una evaluación clínica independiente, esta puede tardar semanas, por lo tanto muchas de las lesiones denunciadas pueden haber desaparecido ya cuando la visita tiene lugar.

En cuanto a la documentación e investigación de los casos de tortura, las entidades destacan que España, a pesar de tener 12 condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las alegaciones de tortura, no presenta mejoras significativas en este campo. Hoy, el Estado no reconoce oficialmente el Protocolo de Estambul, el instrumento de referencia de la ONU para investigar y documentar la tortura y, por lo tanto, los servicios forenses que ejercen en los juzgados no cuentan con baremos claros para evaluar las alegaciones de tortura y, en consecuencia, sus necesidades. Esta carencia se suma a la falta de políticas de reparación y rehabilitación para las personas supervivientes.

Las entidades de la sociedad civil que firman el informe reclaman en el Estado español que cumpla los preceptos de la Convención contra la Tortura, resolviendo aquellas cuestiones legales, administrativas y prácticas que deriven en vulneraciones de derechos humanos y que, en algunos casos, infringen el derecho internacional.

Firman el informe: Centro Sir[a] · Irídia · Institut de Drets Humans de Catalunya · Amnistía Internacional España · Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía · Asociación Pro Derechos Humanos de España · Mundo en Movimiento · Centro de Documentación de la Tortura (CDDT) · Salakheta· Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans · Solidarity Wheels · SOS Racismo · La Comuna · Sanfermines 78 · Gogoan