COMUNICADO: Investigación cargas 1-O en la escuela Ramón Llull COMUNICADO: Investigación cargas 1-O en la escuela Ramón Llull

COMUNICADO: Investigación cargas 1-O en la escuela Ramón Llull

El juez cita a declarar a 13 agentes de la policia nacional como investigados por las cargas del 1 de Octubre en la escuela Ramón Llull en la que Roger Español perdió la visión de un ojo para siempre

Así mismo, el juez cita a declarar en calidad de perjudicado e investigado a Roger.

El Juzgado a citado en calidad de investigados al Inspector y Subinspector que dirigían el operativo policial en el momento en el que Roger Español sufrió el impacto de una bala de goma. Es el cuarto Inspector de la Policía Nacional investigado por las cargas de los ocho que actuaron en el operativo policial en Barcelona. 

En la interlocutoria se señala que el disparo fue directo, cuestión muy grave y que contradice los protocolos policiales.

Aún así, y a pesar de que el momento del disparo está grabado en vídeo por múltiples periodistas, no se ha podido conocer la identidad del escopetero porque los agentes antidisturbios no llevan la identificación visible por delante. Así mismo, es intolerable que el Ministerio de Interior haya realizado una investigación rigurosa para identificar a un agente que actúa en nombre del Estado. 

Exigimos al Gobierno del Estado que cumpla las obligaciones internacionales concretas en materia de derechos humanos y colabore con el Juzgado para identificar a este agente.

Respecto al hecho de que citen a declarar a Roger Español en calidad de investigado consiferamos que los hechos que se le atribuyen (tirar una valla al suelo y recriminar a un agente su actuación) no justifican la posibilidad de que exista un posible delito de atentado contra la autoridad. Entendemos que esta medida judicial es desproporcionada.

En todo caso, estos hechos se producen en un momento y espacio claramente diferenciados del momento en que el agente, de forma directa y a menos de 15 metros, dispara a Roger.

No se ha de desviar la atención y se ha de seguir investigando el grave delito cometido por un funcionario público contra un ciudadano, y exigimos al Gobiero que ponga todos los medios necesarios para saber quién de los escopeteros investigados fue el que dio el disparo.

Finalmente, exigimos al Ministerio de Interior y a la Consejería de Interior que identifiquen correctamente y de manera visible por delante y por detrás a los agentes antidisturbios para evitar situaciones de impunidad como la que se está produciendo en este caso.