Presentamos nuestro informe anual sobre violencia institucional
INFORME SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL 2019
El Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) de IRÍDIA ofrece asistencia jurídica y psicosocial gratuita a las personas que sufren situaciones de violencia institucional en el marco del sistema penal catalán. Es decir, aquellas situaciones en que las instituciones públicas vulneran los derechos de las personas por medio del ejercicio de la fuerza física o psicológica, generando una afectación a su integridad física, psíquica y/o moral. En concreto, en
el SAIDAVI se atienden las vulneraciones de derechos cometidas o permitidas por parte de agentes de cuerpos o fuerzas de seguridad, funcionarios penitenciarios o agentes de la seguridad privada, cuando actúan por delegación de las funciones de seguridad que son competencia del Estado.
Durante el 2019 el servicio atendió un total de 248 casos, de los cuales el 87% ha sido por situaciones en contexto de protesta. Con 21 casos nuevos, ahora llevamos la defensa legal de 52 casos: casos del 1O como el de Roger Español, en el cual nuestro equipo consiguió identificar al agente del Cuerpo de Policía Nacional que le disparó, casos ocurridos en el espacio público llevados a cabo por personal de empresas de seguridad privada, y casos dentro de espacios de privación de libertad, tanto comisarías, CIEs como en las prisiones, donde hemos detectado situaciones de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios de seguridad.
Durante el otoño de 2019 vivimos una situación muy grave en materia de derechos humanos en Cataluña y fue especialmente intenso para el SAIDAVI. Nuestras abogadas y psicólogas atendieron a más de 200 personas heridas en el contexto de las movilizaciones sociales que tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona y área metropolitana como protesta contra la Sentencia del Tribunal Supremo.
Muchas de las actuaciones tanto de Mossos d’Esquadra como Policía Nacional fueron irregulares, causando lesiones a centenares de personas por cargas injustificadas, el uso de la técnica “carrusel” altamente peligrosa y vejaciones y humillaciones por parte de agentes con ánimo de castigar o intimidar a las personas afectadas.
El servicio atendió un total de 53 personas que presentaban lesiones por el impacto de bala de goma y de foam y 18 por golpes de porra en la cabeza, algunas de ellas de mucha gravedad, y 5 periodistas agredidos en el contexto de manifestaciones mientras ejercían su profesión, vulnerando el derecho de todas a la libertad de información.
Nosotras seguimos trabajando para concseguir que no se produzcan situaciones similares en el futuro, como la prohibición de las balas de goma en todo el Estado, la correcta identificación de los agentes o el uso de cámaras de videovigilancia en los espacios de privación de libertad, y todo eso y más es lo que exigimos a las administraciones con nuestros informes anuales sobre violencia institucional. Desde que nacimos en 2016 estamos atendiendo cada año a más personas y el 2019 asumimos de manera integral más del doble de casos que el año anterior, incluyendo la representación letrada.