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Informe sobre violencia institucional 2020

#SAIDAVI
Objetivos

Nuestro Servicio de Atención y Denuncia ante casos de Violencia Institucional (SAIDAVI), busca dar una respuesta integral a las vulneraciones de derechos de las personas por parte de las instituciones públicas, por medio de la fuerza física o psicológica que sobrepasan los límites establecidos por la legislación, incluyendo la representación letrada, el acompañamiento psicosocial, y la estrategia comunicativa y de incidencia, con el fin de cambiar las políticas públicas en clave de derechos humanos.

Cada año el equipo elabora un informe sobre violencia institucional que recoge todo lo que hecho en ese año, con el detalle de las vulneraciones de derechos registradas en contexto de protesta, espacio público, CIEs y prisiones. Además, el Informe incluye una serie de recomendaciones a las autoridades pertinentes.

+ INFORME SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL 2020

Este informe es una compilación de todo lo qué ha hecho el servicio durante el 2020, con el detalle de las vulneraciones de derechos registradas en contexto de protesta, espacio público, CIEs y prisiones.

A lo largo del año 2020 nuestro Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) ha atendido un total de 96 casos de violencia institucional. La mayoría, un 42,7%, han ocurrido en el espacio público, seguido de un 30% registrado a espacios de privación de la libertad. Los casos de violencia producidos en el contexto de las restricciones de la COVID-19 suponen el 18,7% del total. En términos absolutos, de los 96 casos atendidos, 16 se han producido en contexto de protesta, 41 al espacio público (18 en contexto de las restricciones de la COVID-19), 29 en contexto de privación de libertad (15 de prisión, 8 de CIE y 6 de comisaría) y 10 en otros ámbitos diversos, principalmente en contextos de desalojo o en domicilios.

En total, el Servicio ha litigado este año un total de 60 casos, 14 más que al 2019. De este total, 33 son en contexto de protesta, 9 de prisión, 8 de CIE, 3 de comisaría, 5 de espacio público, 1 durante un desalojo y 1 dentro de un domicilio. Un dato remarcable es que el 37% de las personas representadas son racializadas o migrantes. Así mismo, en 31 de los litigios, se ha observado cómo el Ministerio Fiscal ha tenido un rol de oposición a la práctica de una investigación exhaustiva y eficaz de los hechos denunciados o bien se ha opuesto a la personación de la acusación popular. Solo en 3 casos se ha detectado una actuación proactiva.

Respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado implicados en los casos que representa Irídia, hay un total de 122 agentes investigados -de los cuales 42 son agentes de los Mossos d’Esquadra, 74 de la Policía Nacional y 6 de la Guardia Urbana-, 12 funcionarios de prisiones y 1 miembro de un cuerpo de seguridad privada en el ejercicio de funciones de seguridad en el espacio público. Es preocupante y representativo que de los 60 litigios en curso durante el 2020, solo en 3 casos el propio cuerpo policial ha llevado a cabo la identificación de los agentes responsables.