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Durante el año 2023, 146 personas se han dirigido al SAIDAVI para denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos. De este total, 55 personas y 2 colectivos han sufrido violencia institucional y sus casos entraban dentro del ámbito de actuación del Servicio; el resto, cuando correspondía, se han derivado a otras entidades o servicios que los podían apoyar.

Así, a lo largo del 2023 Irídia ha actuado como acusación en 56 litigios: 49 continúan abiertos y 7 han finalizado. Por estos litigios, hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados en un procedimiento penal. Concretamente, hay 82 investigados, de los cuales 34 pertenecen al cuerpo de Mossos d’Esquadra, 12 en el cuerpo de Policía Nacional, 19 son agentes de Policía Local, 10 son funcionarios de prisiones y 7 vigilantes de seguridad privada. Así mismo, 74 agentes se encuentran ya acusados y pendientes de juicio o en fase de presentar escritos de acusación en su contra.

En 20 de los 49 casos abiertos, hay un componente de racismo, bien porque hay una verbalización explícita, bien porque la manera como se ha llevado a cabo la actuación policial es racista o bien porque los hechos pasan en un contexto de racismo institucional. Esto es en el 40,81% de los casos, indicando un incremento respecto del año anterior, en que el componente de racismo se identificaba en un 33,33% de los casos.

Este año el informe pone el foco al mostrar y analizar las carencias de los mecanismos de control de los cuerpos policiales y de seguridad detectadas, centrándose en los mecanismos internos (concretamente la identificación de los agentes, el superior jerárquico, y las investigaciones internas). También incluye, pero, las carencias en el rol del Ministerio Fiscal y el rol de los Juzgados y Tribunales como mecanismos externos de control (incluidos los obstáculos en la asistencia jurídica, la lentitud de los procedimientos, las deportaciones y los Protocolos de Estambul). La inexistencia o carencias de estos mecanismos son la raíz de la impunidad.

Respeto los mecanismos internos, encontramos cifras muy preocupantes. Por un lado, a pesar de estar ya en vigor la normativa que obliga a la identificación de los agentes con numero NOP visible, entre septiembre y diciembre de 2023, al menos en 8 ocasiones se ha podido constatar que, durante el transcurso de una movilización social, una mayoría importante de los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (PG-ME) desplegados a la vía pública no iban correctamente identificados. El hecho que los agentes policiales que realizan funciones de orden público o que actúan en estos contextos no lleven visible el suyo NOP o lo TIP, constituye un incumplimiento grave de la normativa vigente e imposibilita la identificación de los agentes, que es una de las principales causas de impunidad.

Por otro lado, el rol de los superiores jerárquicos es uno de los principales mecanismos internos de control de la policía: que no realicen sus tareas de vigilancia y control dificulta enormemente la rendición de cuentas, comportando en muchos casos que la investigación judicial no pueda prosperar porque no se identifica el agente concreto que ha llevado a cabo la conducta constitutiva de delito. Esta es, precisamente, la realidad con que se encuentra Irídia en los procedimientos seguidos por violencia institucional ejercida por FCS. De hecho, en ninguno de los 37 litigios contra agentes de FCS, el superior jerárquico ha identificado al autor de los hechos. Además, no se tiene constancia que cabe de los litigios se haya iniciado una investigación interna de oficio a consecuencia de una comunicación o informe del superior jerárquico. En definitiva, los superiores jerárquicos no solo no ejercen sus funciones de control encomendadas legalmente, sino que ejercen de “defensa” de los agentes que se están investigando o juzgando penalmente.

Por último, un componente esencial en el ámbito del control interno de la policía son las mismas divisiones internas de los cuerpos policiales por la investigación y sanción de malas praxis policiales de manera imparcial, oportuna y exhaustiva. De los 37 litigios contra FCS en curso durante el 2023, solo en 13 casos se ha llevado a cabo algún tipo de investigación a través de mecanismos internos de investigación. De estas, solo 4 se han iniciado de oficio, el resto se ha hecho por requerimiento judicial. En 12 de las investigaciones se ha concluido que no se podía identificar el autor o que no había conducta delictiva y solo 1 ha resultado cumplir con los requisitos mínimos de suficiencia y efectividad identificando los hechos y los autores.

Es especialmente preocupando que, en 10 de los casos, la investigación interna se ha centrado más en la conducta de la persona denunciando llevando a cabo valoraciones peyorativas, que en la del agente denunciado. Adicionalmente, solo en 1 de los casos consta que se hayan tomado medidas cautelares en el marco de un procedimiento sancionador interno, mientras se lleva a cabo la investigación.

En definitiva, los mecanismos de investigación interna de los cuerpos policiales son absolutamente insuficientes e inefectivos, incluso cuando se lleva a cabo el uso de la fuerza a través de armas altamente lesivas, potencialmente letales y el uso de las cuales se encuentra protocolizado. Estaremos atentos para identificar si la reestructuración de la Dirección General de Policía realizada en 2023 resulta en una mejora en los mecanismos de investigación internos de la Policía de la Generalitat — Mossos d’Esquadra.

Al informe de este 2023, se destaca un caso paràdigmàtic, el de la muerte de A. C por las 6 descargas eléctricas de pistola Taser que le aplicaron agentes de Mossos d’Esquadra. El caso es una muestra de cómo, incluso en una actuación policial con resultado de muerte, se da una carencia de control por parte de los superiores jerárquicos y una investigación policial interna deficiente. También muestra como estas carencias de los mecanismos internos tienen un impacto real en el derecho a la justicia y la reparación de las personas afectadas, llegando a implicar el cierre de una investigación penal sin haber realizado las diligencias mínimas de investigación. Estas carencias se traducen también en el hecho que los familiares no tengan respuestas, acompañamiento ni ninguna reparación por parte de los responsables o la administración, incluso después de más de 2 años desde la muerte de Antonio.

También hay que poner en valor las buenas prácticas de la administración. Este año hay que destacar sobre todo la publicación de las armas y herramientas policiales utilizadas por los Mossos d’Esquadra a la página web de la institución, y la Modificación del Protocolo de utilización de las lanzadoras de 40mm y de sus proyectiles (foam), gracias al trabajo conjunto de Irídia y Amnistía Internacional Cataluña. Entre las revisiones, se modifica la distancia a la cual se puede disparar el proyectil SIR-X, pasando de 20 metros a 30; se acuerda la prohibición de disparar por encima del abdomen en todos los casos; el uso de las lanzadoras de foam queda restringido a casos en que se den “circunstancias objetivas de riesgo para la vida o la integridad física”; y, no se pueden utilizar las lanzadoras de foam para dispersar manifestaciones ni aglomeraciones de personas.

Además, la nueva Fiscal de la sala de memoria democrática y derechos humanos, Dolores Delgado, solicitó la admisión a trámite de la querella interpuesta por Carles Vallejo por las torturas sufridas a la Comisaría de vía Laietana, 43 en 1971. Este posicionamiento supone un paso adelante para la justicia y lucha contra la impunidad de los crímenes de la dictadura. También, el Parlamento de Cataluña ha creado una comisión de investigación sobre los casos de espionaje por Pegasus en el Estado español y la Comisión de Investigación sobre la Infiltración de Policías de los Cuerpos Policiales del Estado Español en Movimientos Sociales, Políticos y Populares de todo el País.

Para acabar, exponemos varias recomendaciones dirigidas tanto a instituciones como las diferentes administraciones, la principal de las cuales es la creación de un mecanismo independiente de control de la policía. Así mismo, reiteramos la necesidad de derogar la Ley mordaza, especialmente que se eliminen las sanciones para publicar imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, las infracciones que criminalizan el derecho de protesta y las «devoluciones en caliente» o se modifique la Ley de Extranjería para que se suprima la existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros o se abre un proceso de regularización. Además, exigimos en el Gobierno del Estado la prohibición del uso de las balas de goma y la identificación de los agentes policiales desde los 360 grados (por delante, por detrás y al casco), entre otros de otras recomendaciones. Finalmente, solicitamos que se ponga fin a las identificaciones por perfil étnico-racial y se introduzcan medidas como los formularios de parada, tal como el Parlamento de Cataluña acordó en las conclusiones de la Comisión de Estudio del Modelo Policial.