Exigimos la creación de un mecanismo externo e independiente de control de la policía como conclusión de la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial del Parlament
Hoy, junto a Amnistía Internacional, hemos presentado en rueda de prensa en el Parlament de Catalunya, así como en reunión con los grupos parlamentarios, una serie de recomendaciones para que sean incluidas en las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial (CEMP).
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La Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial tenia como reto debatir políticamente y de forma pública, desde un punto de vista especializado y a la vez heterogeneo, los cinco ejes principales en que se vertebra: el modelo policial, el modelo de orden público, la transparencia, las funciones de la comisaría de información de los Mossos d’Esquadra y los mecanismos de control y fiscalización de las actuaciones policiales.
Durante un año, se han llevado a cabo comparecencias de personas expertas de distintas latitudes, que han aportado visiones y perspectivas diferentes de análisis y mejora del funcionamiento de los cuerpos policiales de ámbito local y catalán, así como de personas afectadas por violencia institucional u organizaciones de derechos humanos, además de actores de los propios cuerpos policiales. En este sentido, la CEMP y las conclusiones que se acaben aprobando son una oportunidad única para consensuar el sistema de policía de Catalunya, transformándolo y mejorándolo para que cumpla con los estándares internacionales de eficiencia, transparencia y cumplimiento de los derechos humanos que la sociedad catalana exige y merece.
Irídia quiere seguir contribuyendo a esta transformación, y es por eso que hemos hecho llegar a los grupos parlamentarios de la CEMP un documento que versa especialmente sobre el bloque de mecanismos de control, fiscalización y transparencia, y el bloque de orden público.
Subrayamos especialmente la necesidad de creación de un mecanismo independiente y externo de control policial ya que, como destaca el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en su Estudio de mecanismos de control de la policía, una de las causas principales de la extralimitación en el uso de la fuerza, la tortura, el maltrato o las muertes bajo custodia policial es la impunidad. Esta se define como “la falta de investigación, enjuiciamiento, condena y castigo adecuados de los agentes de policía responsables de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra los derechos humanos”. La obligación de investigar de forma efectiva y exhaustiva para garantizar esta rendición de cuentas está reconocida de forma clara en los tratados internacionales y regionales que vinculan a Mossos d’Esquadra y a las policías locales de Catalunya. Como también lo está la necesidad de que existan recursos efectivos para denunciar vulneraciones de derechos.
A su vez, la gestión del orden público y la regulación y aplicación del uso de la fuerza deben garantizar los derechos fundamentales y, especialmente, el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. La normativa internacional entiende por “orden público” el conjunto de normas que aseguran el funcionamiento de la sociedad o el conjunto de principios fundamentales en que se basa la sociedad, que incluyen el derecho de reunión pacífica. El informe conjunto sobre la correcta gestión de las manifestaciones, resultado de la petición del Consejo de Derechos Humanos, se ha convertido en el punto de referencia para la buena actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la gestión del orden público y el uso de la fuerza, particularmente en el marco de reuniones pacíficas. Los diez principios que establece se articulan entorno a la obligación de los Estados miembro a respetar y proteger los derechos, así como la participación ciudadana en el espacio público, sin distinción o discriminación de ningún tipo. Además, el documento amplía los cinco principios a tener en cuenta para el uso de la fuerza: la legalidad, la precaución, la necesidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas.
Por último, recordamos que el trabajo de la CEMP es herencia directa de la Comisión de Estudio de los Modelos de Seguridad y Orden Público y del Uso de Material Antidisturbios en Eventos de Masas que se llevó a cabo durante el año 2013, impulsada por distintos actores sociales y políticos, especialmente por la Asociación stop Balas de Goma. Desde entonces, el cuerpo de Mossos d’Esquadra ha ido introduciendo mejoras en la transparencia, como, por ejemplo, la publicación de determinadas instrucciones de uso de las armas y herramientas de uso policial o la incorporación del nuevo Número Operativo Policial desde el año 2020. Pese a ello, queda aún mucho terreno de mejora y transformación con tal de elevar los estándares de cumplimiento de los derechos humanos, tanto en relación a la gestión del orden público como en relación al funcionamiento de los mecanismos de fiscalización y control policial.