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El informe de Violencia Institucional 2025:
DENUNCIA
Que la violencia institucional, el racismo y la discriminación por parte de los cuerpos policiales, el funcionariado de prisiones y la seguridad privada continúan siendo un problema en Catalunya.
Algunos de los datos que encontrarás en el informe:
266 personas se han dirigido al SAIDAVI para recibir información y denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos, la cifra más alta desde 2019.
94 de las personas que acudieron al Servicio habían sufrido violencia institucional ejercida por agentes de cuerpos policiales, funcionariado de prisiones o agentes de seguridad privada. Casi dos por semana.
Irídia ha litigado 53 casos durante 2025, de los cuales:
En 21 se ha identificado un componente de racismo (39,6%), en 2 discriminación LGTBIfóbica y en 1 discriminación por razón de género.
En 28 no se ha llevado a cabo ninguna investigación policial interna. De los 19 en los que se activaron mecanismos internos, en 12 fue por requerimiento judicial.
En 21 el Ministerio Fiscal ha estado inactivo, en 19 se ha opuesto a la investigación y en 13 ha tenido un papel proactivo en la investigación o acusación.
En 36 de los 53 casos (67,9%), en algún momento se ha archivado la causa, se ha tramitado como delito leve o se ha inadmitido la querella sin practicar todas las diligencias de investigación necesarias.
En 24 de los 36 casos archivados, instancias superiores han revisado la decisión y han ordenado al juzgado de instrucción investigar adecuadamente.
CONCLUYE
Que los mecanismos institucionales actuales para prevenir la discriminación, el maltrato y la tortura fallan.
Si las personas afectadas no tienen quien las acompañe y represente, la mayoría de las denuncias no avanzan o se archivan prematuramente, causando revictimización y promoviendo la impunidad.
Sin reformas estructurales, la violencia institucional continuará existiendo, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando el Estado de Derecho.
RECOMIENDA
Implementar mecanismos para prevenir las identificaciones por perfil étnico-racial, mejorar la transparencia de los cuerpos policiales —tanto en el uso de la fuerza como en sus consecuencias—, supervisar a las empresas de seguridad privada contratadas por la administración pública, mejorar los mecanismos internos policiales y judiciales para la prevención y erradicación de la tortura y derogar la legislación que permite actuaciones discriminatorias o restrictivas de derechos.